REGISTRO DE LA PROPIEDAD


Concepto

El Registro de la Propiedad (en adelante ReP) es la institución administrativa, como oficina pública, destinada a la publicidad oficial de las situaciones jurídicas relativas a la inscripción o anotación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles (entendiendo los derechos reales, básicamente, como derechos que afectan al dominio o propiedad sobre una finca-un inmueble, con trascendencia o efectos sobre las facultades de dicho dominio. -ej. usufructo , hipoteca, servidumbres-)

La mayor o menor seguridad del tráfico jurídico y mercantil se ve reforzada por esta institución, puesto que el ReP, además de su función de dar a conocer un hecho (p.ej. La propiedad que ostenta sobre un inmueble su propietario: si es el verdadero dueño de la cosa o si goza de pleno poder de disposición sobre el inmueble, si hay gravámenes...), tiene como misión que esa publicidad garantice además la veracidad y legalidad de su contenido. Y ello porque, asimismo, para que puedan ser inscritos en el ReP los distintos títulos relativos al dominio y demás derechos reales sobre los bienes inmuebles, deberá necesariamente producirse un control previo, que tiene como base un documento público, que puede ser de carácter notarial, administrativo o judicial y porque el titular del ReP, el Registrador, como funcionario público y profesional del Derecho que es, está obligado al estudio en cada caso concreto del acto o pacto que se pretende inscribir, y controlar a su vez los documentos autorizados por los Notarios, expedidos por los Jueces, autoridades administrativas o suscritos entre los particulares, y así, examinar si se cumplen o no las condiciones típicas del derecho real, no pudiendo inscribir, por contra, en el Registro, derechos u obligaciones de naturaleza personal (vínculo jurídico entre dos personas), sin perjuicio de que se inscriban o anoten las garantías reales correspondientes para asegurar su efectividad (p. Ej. La hipoteca que garantiza el préstamo, el embargo que garantiza el cobro de la deuda).


Objeto del Registro:
  • Pueden inscribirse en el ReP:

    Los negocios (unilaterales o bilaterales -contratos-) y actos no negociales que afecten a la situación jurídico-real sobre los inmuebles o a sus derechos reales, así como los hechos naturales que pueden dar lugar a mutaciones (modificaciones) jurídico reales. Es decir:

    Títulos traslativos o declarativos de dominio de los inmuebles o de los derechos reales impuestos sobre los mismos (ej. la edificación o construcción de nuevos edificios, la renuncia al dominio de un bien inmueble...) Títulos en que se constituyan, reconozcan, transmitan, modifiquen o extingan derechos reales (ej. usufructo, hipoteca, servidumbres..., entre otros.)

    Los actos y contratos por los cuales se adjudiquen bienes inmuebles o derechos reales, aunque sea con obligación de transmitirlos a otro o de invertir su importe en objeto determinado.

    Las resoluciones judiciales en que se declare la incapacidad legal para administrar, la ausencia, el fallecimiento y cualesquiera otras resoluciones por las que se modifique la capacidad civil de las personas en cuanto a la libre disposición de su bienes.

    Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles y los subarriendos, cesiones y subrogaciones de los mismos así como su derecho de retorno.

    Los títulos de adquisición de bienes inmuebles y derechos reales que pertenezcan al Estado (o provincia o municipio), o las corporaciones civiles o eclesiásticas.

  • No son inscribibles en el ReP:

    Los derechos u obligaciones personales, salvo que lo permita la Ley (ej. arrendamiento, estatutos de propiedad horizontal, régimen de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles, anotación preventiva -embargo, demanda...).

    Los meros derechos, salvo si modifican un derecho inscrito, pudiendo en ese caso ser objeto de nota marginal.

    Los derechos reales sobre bienes muebles. (ej. un vehículo).

    Los títulos relativos al mero o simple hecho de poseer.

    Los derechos reales sobre inmuebles no susceptibles de tráfico: ej. Bienes municipales de dominio y uso público, servidumbres impuestas por ley para utilidad pública o comunal (arts. 549 a 593 del CC).


Publicidad, fe pública registral y declaración de derechos

Nuestro Derecho protege a toda aquella persona que confía en los datos que el Registro publica relativos al dominio o derechos reales. A todos los efectos legales, sean civiles, administrativos o procesales, se presume que los derechos reales inscritos en el ReP existen y pertenecen a su titular, conforme a lo establecido en su inscripción. Por ello, la defensa y salvaguarda de estos derechos se confía a los tribunales y producen todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud, de manera que no cabe alteración en su contenido si no es por un Juez o Tribunal.

Ni el Registrador ni sus superiores pueden alterar lo contenido en las inscripciones (salvo, como se verá, en supuestos muy concretos de error material o de concepto en que sí estarán autorizados).

Los derechos inscritos son oponibles a los terceros, es decir, frente a todos. Este principio de oponibilidad es el efecto más general de los Registros.

Además, en virtud del principio de prioridad, una vez que un acto o negocio registrable ha accedido al ReP, se antepone o prevalece sobre cualquier otro posterior o que no haya sido inscrito, que sea incompatible o perjudicial, y ello aunque se trate de actos de fecha anterior. Es la aplicación de la regla “prior tempore potior iure” (lo primero en el tiempo es lo primero para el Derecho).

La publicidad formal de los asientos registrales, como único medio legalmente establecido para conocer la situación jurídica de los bienes inmuebles y demás circunstancias inscribibles, se ajusta a los siguientes principios:

Publicidad jurídica: La finalidad de la publicación formal es la de probar, judicial y extrajudicialmente, la existencia, extensión y límites del derecho inscrito y que su titular es el único legitimado para disponer de él (efectos defensivo y ofensivo), así como la de agilizar el tráfico jurídico y dar certeza a la contratación, haciendo posible en el ámbito inmobiliario y mercantil el principio de seguridad jurídica consagrado en el art. 9 de la Constitución.

Publicidad directa: El conocimiento de los asientos registrales debe estar al alcance de cualquier interesado, de manera efectiva, y sin necesidad de tener que acudir a la intervención obligada de empresas o profesionales para su obtención, sin perjuicio del derecho de cada cual de hacerlo voluntariamente, si lo considera conveniente.

La posibilidad de acceso directo a la publicidad formal en ningún caso significa que se acceda directamente a la base de datos de los Registradores, de forma que puedan los archivos ser alterados, manipulados, borrados o vaciados. Ello iría en contra de la finalidad del propio Registro y del entero sistema registral diseñado por nuestro ordenamiento jurídico, basado en la seguridad de los pronunciamientos registrales. Por ello, los Registradores de la Propiedad deben adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias que garanticen la integridad de los datos contenidos en sus archivos y evitar su alteración, pérdida o destrucción.

Publicidad directa significa celeridad en la obtención de la información solicitada, bajo el control profesional del Registrador que asegure su adecuación a los asientos registrales (veracidad de la información). Ello implica la necesidad de incorporar a los Registros las nuevas tecnologías para que se pueda emitir la publicidad formal en tiempo real con las debidas garantías. De ahí la obligación de profundizar en el proceso de informatización de los Registros, permitiendo la comunicación del interesado con el Registrador de forma telemática, así como la expedición por aquél de la publicidad formal a través de fax, correo electrónico u otros medios que conjuguen los citados criterios de eficacia y celeridad con el de veracidad (control profesional) de la información suministrada.

Publicidad profesional: Los datos sensibles de carácter personal o patrimonial contenidos en los asientos registrales no podrán ser objeto de publicidad formal ni de tratamiento automatizado para finalidades distintas de las propias de la institución registral. Por tanto, la publicidad formal del ReP no podrá consistir en dar conocimiento indiscriminado del patrimonio de las personas o publicidad en masa, debiendo además respetar las normas aplicables sobre protección de datos de carácter personal. Quien desee obtener información de los asientos deberá acreditar al Registrador que tiene interés legítimo en ello, de acuerdo con el sentido y función de la institución registral, ya expuesto.

Los Registradores serán responsables de que la publicidad formal refleje fielmente los datos contenidos en los asientos registrales, sin extenderse más de lo que sea necesario para satisfacer el legitimo interés del solicitante (sin perjuicio de los supuestos legalmente previstos de certificaciones literales o de la literalidad de determinados extremos en que el solicitante esté interesado). Las solicitudes de publicidad formal quedarán archivadas, de forma que siempre se pueda conocer la persona del solicitante, su domicilio y documento nacional de identidad o número de identificación fiscal, durante un período de tres años.

Por otra parte, la publicidad registral deberá expresarse con claridad y sencillez, haciendo constar su valor jurídico (claridad gráfica, claridad de conceptos, valor meramente informativo) teniendo en cuenta que sólo la certificación da fe del contenido de los asientos, pues la nota simple, que consiste en un extracto sucinto del contenido de los asientos vigentes relativos a la finca objeto de manifestación, tiene valor puramente informativo, es decir, no da fe del contenido de los asientos. Los Registradores de la Propiedad cuando realicen la manifestación mediante la exhibición de los libros, previo control profesional de su contenido y por concurrir circunstancias excepcionales que así lo aconsejen, deberán hacerlo por medio de fotocopia de los asientos.

Se reconoce la plena libertad de los interesados de consultar y comunicarse con el Registrador por cualquier medio sea físico o telemático siempre que se evite mediante la ruptura del nexo de comunicación la manipulación o televaciado del contenido del Archivo. La intercomunicación de los Registradores por redes telemáticas utiliza técnicas de criptografía (protección de datos mediante cifrado que impide su manipulación y acceso no autorizado) a través de servidores de integración en cada Registro de la Propiedad y un servidor central en el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.

El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España dispone de una página web en Internet: www.registradores.org que sirve como portal único para acceder al sistema de publicidad formal e instrumental coordinado, basado en los datos obrantes en el Índice Informatizado de Fincas y Derechos, y que permite, a través de cualquier Registrador, la localización registral de la finca y la obtención por el interesado de publicidad formal por medio de correo electrónico (e-mail). El Registrador apreciará el interés conocido por quien solicita la información y expedirá la nota simple, bajo su responsabilidad, a la dirección de correo electrónico que a través del sistema anterior haya designado el interesado, en el más breve plazo posible y, en todo caso, dentro de las 24 horas siguientes a su solicitud. La solicitud por vía telemática supondrá entonces la remisión de la información registral por correo electrónico o por otro medio de manera que el ciudadano pueda obtener a través del Registrador que elija y en tiempo real, la información que desee.


Fe pública registral

Uno de los efectos más eficaces de la inscripción en el ReP es el principio de la fe pública registral, máximo exponente del principio de eficacia de la inscripción en el ReP: El Registro protege, con una serie de requisitos, a toda aquella persona que confía en los datos que se contienen en el propio ReP, atribuyendo una posición jurídica inatacable a los terceros adquirentes (que es quién/es entran en juego con el objeto de relación jurídica por vinculación, negocial o legal, con una de las partes de la misma -ej. compraventa-) que cumplan dichos requisitos, los cuales se contienen en el fundamental artículo 34 de la Ley Hipotecaria, que dispone:

  • 1.-“El tercero que de buena fe adquiera a título oneroso algún derecho de persona que en el Registro aparezca con facultades para transmitirlo, será mantenido en su adquisición, una vez que haya inscrito su derecho, aunque después se anule o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en el mismo Registro. (Es decir, el ReP publica que A es propietario; si B, conociéndolo, comprara la finca de A e inscribiera su derecho en el ReP, entonces ha adquirido de una persona capaz de realizar ese acto de disposición y será entonces inmune a las consecuencias que para su adquisición tendría una acción de nulidad, de resolución o revocación que pretendiese atacar a su derecho, por supuesto siempre que esas causas o acciones no constasen ya explícitamente en el registro (p.ej. El que vendió -A- era usufructuario, por lo que no tenía poderes de disposición sobre la finca, luego no podía transmitir la propiedad de la misma).
  • 2.- “La buena fe del tercero se presume siempre mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del Registro”. Se entiende la buena fe como la creencia por parte de quien pretende amparase en la protección registral de que la persona que constituyó el derecho real de que se trate era el titular o legitimado y por tanto tenía facultad de disposición manifiesta para constituirla y ello implica el desconocimiento o la ignorancia de los vicios que invalidan la titularidad del transmitente (p. ej., si A figura como propietario en el ReP, pero B sabe que la finca la vendió a C y éste no inscribió, si B adquiriese la finca de A no estaría protegido en su adquisición, porque no tiene buena fe).
  • 3.- “Los adquirentes a título gratuito no gozarán de más protección registral que la que tuviere su causante o transferente”. (De ahí la importancia de que en el título se exprese la causa de la adquisición, pues no es que el título gratuito esté desprovisto de toda protección, sino que ésta queda limitada).

Si se reúnen todos estas condiciones se protege al adquirente y nace la figura del “tercero hipotecario” protegido por el Registro.

En complemento a todo lo anterior, en sentido contrario, el art. 32 de la Ley Hipotecaria establece que lo no inscrito no perjudica a tercero.

Por último, hay que advertir que no se puede entender que la inscripción sea el medio convalidante o “purificador” de cualquier vicio o defecto que haga inexistentes, radicalmente nulos o anulables los actos o contratos. Y ello, porque la inscripción se podrá conseguir, pero el vicio subsiste.

LA ORGANIZACIÓN DEL REGISTRO


Libros

La competencia territorial de cada ReP se extiende a lo que se denomina distrito hipotecario, determinando el lugar donde esté situada la finca la oficina del concreto ReP de que se trate.

Los Registros se llevan mediante libros oficiales, que deben cumplir una serie de requisitos para garantizar su oficialidad. Hay las siguientes clases de libros oficiales:

Libro de inscripciones. Contienen los historiales sucesivos de los inmuebles matriculados, destinando a cada finca el número de hojas que el Registrador estime necesarias, poniendo a la cabeza de todas el número de la finca.

Diario de operaciones del Registro. Es un único ejemplar que está integrado por los extractos sucesivos de los títulos que se presentan a inscripción y que se extienden por orden rigurosamente cronológico. En el Diario se extienden sólo dos de los cinco tipos de asientos: asientos de presentación y notas marginales.

Libro de incapacitados. Se inscriben las resoluciones judiciales en que se declare la incapacidad legal para administrar, la ausencia, el fallecimiento y cualesquiera otras por las que se modifique la capacidad civil de las personas en cuanto a la libre disposición de sus bienes.

Indice de fincas (rústicas y urbanas) e Indice de personas (también se pueden contener en fichas u otros medios de archivo u ordenación autorizados).

Libro de estadística. Contiene los informes anuales sobre inmuebles matriculados, propiedades y derechos reales limitados inscritos y asientos practicados.

Libro especial de anotación de suspensiones de mandamientos judiciales, laborales y administrativos.

Inventario. Relación de Libros y legajos que exiten en el Registro, se actualiza anualmente.

Libro-registro de entrada. En el que, en el momento de su presentación y bajo un número correlativo, se hará un breve asiento de todo documento, escrito comunicación u oficio que se presente o reciba. Aún así, los asientos del libro-registro de entrada no se presumirán exactos a efectos registrales ni determinarán la fecha de las inscripciones que, en su caso, se practiquen en el Registro.

Libros y cuadernos auxiliares que los registradores juzguen conveniente para sus servicios.

El conjunto de estos libros custodiados en el ReP constituye el archivo. Los libros del archivo reciben un número correlativo conforme se van abriendo (número de tomo) y además un número correlativo respecto de los demás del mismo término municipal (número de libro).


Asientos

El asiento es la constatación escrita de un título, hecho, acto o circunstancia en los libros del Registro. Los asientos pueden ser:

  • Principales o accesorios, según tengan subsistencia propia o estén al servicio de otros asientos.
  • Definitivos o provisionales.
  • Positivos o negativos, en función de que declaren o extingan un derecho
  • Del Libro de inscripciones o del Libro Diario, según donde se practiquen.

En ellos se deben hacer constar una serie de circunstancias como son la fecha, la firma del registrador, los honorarios. No se pueden utilizar abreviaturas, tachaduras, raspaduras, ni guarismos, enmiendas o interlineados.

Existen diversas clases de inscripciones o asientos:

Asientos de presentación: asiento que, extendido en el Libro Diario de operaciones, tiene por objeto hacer constar el momento de ingreso de cada título en el Registro. Es la base del principio de prioridad, ya comentado, pues los efectos de la inscripción, teniendo en cuenta la hora de su presentación, se retrotraen a la fecha del asiento de presentación y extendido el mismo, no puede inscribirse o anotarse ningún otro título de igual o anterior fecha.

Inscripciones -propiamente dichas-: el asiento de inscripción es un asiento principal y de duración indefinida que se practica en los libros de inscripciones, señalándose con un número y en el que se hace constar o publicar de un modo completo la constitución, transmisión o modificación de un derecho real inmobiliario, algunos derechos como el arrendamiento y la opción o situaciones jurídicas de incapacidad o capacidad limitada para disponer, realizándose por el Registrador una constatación formal y solemne de los títulos inscribibles.

Anotaciones preventivas: son asientos de vigencia temporal limitada, pues están sujetos a plazos de caducidad con efectos menos amplios que los de las inscripciones, y tendentes a enervar o dejar sin efecto la fe pública registral que en otro caso se produciría en favor de terceros adquirentes. Con respecto a la preferencia de créditos, los créditos preventivamente anotados en el ReP, en virtud de mandamiento judicial por embargo, secuestro o ejecución de sentencia, gozan de preferencia sobre los bienes anotados y sólo en cuanto a créditos posteriores, no en relación con los créditos anotados que tengan fecha anterior.

Las anotaciones preventivas caducan a los cuatro años desde su fecha. No obstante, a instancia de los interesados o por mandato de las autoridades que las decretaron podrán prorrogarse por un plazo de cuatro años más, siempre que esta prórroga sea anotada antes de que caduque el asiento. La cancelación se deberá solicitar por el dueño o titular de la finca o derecho afectado (se entiende solicitada cuando se solicite certificación de cargas o se practique cualquier asiento relativo a la finca o derecho afectado). También cabe que ciertas anotaciones preventivas se extingan por “conversión en inscripción”, cuando la persona a cuyo favor estuviese constituida adquiera definitivamente el derecho anotado.

Clases de anotaciones preventivas:

Anotación preventiva de demanda: puede obtener esta anotación quien demandare en juicio la propiedad de bienes inmuebles o la constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real. Es una medida cautelar, se pretende asegurar que si recae una sentencia condenatoria, ésta pueda ejecutarse en iguales circunstancias a las que existían al tiempo de presentar la demanda, retrotrayendo sus efectos. El Juez puede pedir caución o fianza en previsión de posibles indemnizaciones por los perjuicios que se pudieren ocasionar. Hay que advertir, no obstante, que esta anotación no impide enajenaciones o gravámenes posteriores. Por ello, será necesario que la sentencia firme determine los efectos que sobre los asientos produce esta anotación preventiva de demanda. Así,

  • Asientos extendidos en virtud de títulos de fecha posterior a la de la anotación y practicados con posterioridad a ésta: se cancelan.
  • Asientos extendidos en virtud de títulos de fecha posterior a la de la anotación, pero derivados de asientos que gocen de preferencia sobre el de la misma anotación: No se cancelan, subsisten (ej. A, antes de la anotación, había inscrito un derecho de usufructo sobre la finca. Esta finca es la que reivindica el anotante de demanda contra su propietario. Si A transfiere el usufructo después de la anotación, el asiento de inscripción a favor de B, aunque motivado por un título de fecha posterior, no queda afectado por la sentencia).
  • Asientos extendidos en virtud de títulos de fecha anterior a la de la anotación, pero con posterioridad a ésta. En ejecución de sentencia el anotante debe pedir su cancelación al Juez, quien deberá concederla si los titulares, a los que deberá citar previamente, no se opusieren en el plazo de 30 días (si se oponen entonces sigue un procedimiento especial y deberá resolver el Juez).

Anotación preventiva del embargo: puede obtener esta anotación preventiva el que obtuviere a su favor mandamiento de embargo que se haya hecho efectivo en bienes del deudor. El anotante adquiere un derecho preferente para el cobro. Ya se ha advertido que esta anotación sólo cobra preferencia sobre los actos dispositivos y créditos posteriores a la anotación, así, p. ej. el adquierente posterior adquiere el bien con la carga del embargo, pudiendo en consecuencia llegar a perder la propiedad.

Anotación preventiva por ejecución de sentencia: la podrá pedir quien en juicio obtuviese sentencia ejecutoria condenando al demandado.

Anotación preventiva de secuestro o prohibición de enajenar: la podrá pedir el que, pidiendo en juicio el cumplimiento de cualquier obligación, obtuviere providencia judicial (no tiene efectos de sentencia) ordenando el secuestro o prohibiendo la venta de bienes inmuebles. Sus efectos sobre los actos posteriores son similares a los del embargo.

Anotación preventiva de demanda de incapacidad: advierte sobre la situación litigiosa que afecta a la capacidad del disponente (incapacidad, quiebra, concurso de acreedores) y que pueden verse afectados por la resolución judicial que se dicte.

Anotación preventiva del derecho hereditario en abstracto: la anotación pueden pedirla cualquiera de los que tengan derecho a la herencia o acrediten un interés legítimo en el derecho que se trata de anotar.

Anotación preventiva de legados: se concede al legatario que no tenga derecho, según la ley, a promover juicio de testamentaría.

Anotación preventiva de créditos refraccionarios (derivados de préstamos de dinero que se destinan a la construcción, conservación o reparación de un inmueble): se le autoriza al acreedor a pedir anotación preventiva de su crédito mientras duren las obras que sean objeto de la refracción. Para obtenerla hay que presentar un contrato por escrito en cualquier forma que legalmente se haya celebrado y una solicitud firmada por acreedor y deudor.

Anotación preventiva por imposibilidad de inscripción de títulos: lo que se pretende es la ampliación o prórroga del plazo de vigencia del asiento de presentación, para subsanar defectos o para el normal funcionamiento del ReP sin el agobio del tiempo reducido en que el asiento de presentación tiene efectividad.

Anotación preventiva a favor de los acreedores de una herencia, concurso o quiebra: la pueden solicitar aquellos acreedores cuyos créditos consten en escritura pública o por sentencia firme (contra la que no cabe recurso). Debe solicitarse dentro de los 180 días siguientes a la adjudicación y no constar en el ReP que ya han sido pagados los créditos.

Cancelaciones: es un asiento que tiene como función extinguir, a su vez, otro asiento anterior, dejando éste sin vigencia o efecto. Cancelado un asiento se presume extinguido el derecho a que dicho asiento se refiera, quedando sin efecto la fe pública registral. Podrá ser total o parcial, según se trate de extinciones del inmueble o extinción o nulidades del derecho anotado, siendo en este caso total, o cancelación parcial cuando se trate de reducción del inmueble o derecho anotado objeto de la inscripción. La regla general en cuanto a la capacidad para cancelar es la de que se necesita la misma que para enajenar o disponer de inmuebles o derechos reales impuestos sobre ellos.

Las inscripciones o anotaciones preventivas hechas en virtud de escritura pública no se pueden cancelar sino por sentencia judicial firme o por otra escritura o documento auténtico en el cual preste su consentimiento la persona a cuyo favor se hubiere hecho la inscripción o anotación o sus causahabientes (herederos) o representantes legítimos.

En caso de que la inscripción o anotación se hubiere otorgado por escritura pública, si voluntariamente no consintiere la cancelación la persona a quien perjudique y procede la misma, se deberá dirigir el interesado en procedimiento verbal judicial contra los titulares de los asientos que se trata de cancelar. Si la inscripción o anotación se ha llevado a cabo por mandamiento judicial, la cancelación se ha de producir por providencia ejecutoria y deberá ordenarse cuando lo conviniesen válidamente los interesados y no hubiere perjuicio para terceros, o cuando sea procedente, aunque no consienta en la cancelación la persona en cuyo favor se haya hecho.

Notas marginales: dan fe de un acontecimiento que puede ser un hecho, la celebración de un negocio jurídico o la emisión de una declaración de voluntad que tienen trascendencia para la finca o derechos inscritos sin que sea materia de un asiento principal (p. Ej. subrogación o modificación de una hipoteca) es decir, publican el hecho, negocio o declaración y el cambio real que haya podido aportar a lo que constituye el contenido de dicho asiento, el cumplimiento de las condiciones suspensivas, resolutorias o rescisorias de los actos o contratos inscritos así como el pago o la exención del impuesto que los grave. Se practican a instancia de parte. Por motivos de economía práctica registral se emplea también la nota marginal como asiento de función cancelatoria.

Menciones registrales: mención es la indicación que en la inscripción de un derecho se hace de otro derecho distinto, que resulta aludido pero no constituido en el mismo título. Se indica la existencia de una carga o gravamen, pero no gozan de la eficacia y fe pública reconocida a las inscripciones, pues para ello deberán ser objeto de inscripción separada y especial (p.ej. En la compraventa se indica la existencia de una servidumbre, en el ReP se inscribirá dicha compraventa, pero la servidumbre deberá ser inscrita a su vez mediante el correspondiente título de constitución).


Horario

En todos los Registros, y en lugar visible, deberá existir un cuadro por el que se hagan conocer al público las horas de visita. El Registro estará abierto al público a efectos de presentación de documentos todos los días hábiles (no festivos) de 9 a 14, pudiendo el Registrdor, si lo estima conveniente, ampliar este horario en una hora o adelantar en una hora la apertura y cierre.

Este horario condiciona los asientos de presentación, pues los asientos de presentación hechos fuera de este horario son nulos. (con la posibilidad en caso de necesidad de remitir los títulos por correo o por fax notarial). Todos los Registradores deberán dedicar como mínimo, dentro de las horas de oficina, dos horas diarias para informar al público en materias relacionadas con el Registro. La información versará sobre los medios registrales más adecuados para el logro de los fines lícitos que se propongan quienes la soliciten.

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